Me entregó una carta de cuatro páginas. No la leí allí. La guardé para otro día, cuando las disculpas ya no pudieran confundirse con el agotamiento o el miedo.
La auditoría de Grupo Castillo concluyó meses después. Había encontrado pagos sin respaldo suficiente y conflictos de interés en contratos aprobados durante la gestión de Sebastián. Los responsables debieron responder ante el consejo y ante las autoridades competentes por los hechos que correspondieran. Renata dejó la administración de su sociedad mientras se resolvían las reclamaciones. El grupo inició una reestructuración para mantener sus operaciones y proteger los empleos.
Mi padre no celebró aquellas noticias.
—Una empresa no es solo el hombre que la dirige —me recordó—. Hay familias que viven de cada sueldo.
Yo asentí. El daño de Sebastián debía tener consecuencias, pero no necesitaba que el mundo ardiera para demostrar que yo había sufrido.
Luciana obtuvo para mí un acuerdo de separación que reconocía mis derechos patrimoniales y establecía responsabilidades concretas respecto de Gabriel, sujeto a revisión según las necesidades del niño. Ninguna de las partes podía decidir por sí sola cuestiones médicas relevantes fuera de una urgencia. Era un comienzo, no una garantía de que todo sería fácil.