Después fuimos a la Fiscalía de Guanajuato. Presenté una denuncia por los golpes y las amenazas, entregué copias de las fotografías y pregunté por medidas de protección. Nos explicaron que habría diligencias, valoración y entrevistas especializadas para evitar que Emiliano repitiera su historia frente a cualquiera. Nada iba a resolverse aquella mañana.
Lo siguiente fue el banco.
Mariana había dejado, con ayuda de sus padres, seiscientos ochenta mil pesos invertidos para los estudios de Emiliano. La cuenta estaba a nombre de mi hijo y yo figuraba como su representante legal. Una ejecutiva me mostró una solicitud reciente para cambiar los datos de contacto y tramitar un retiro anticipado. Llevaba una copia de mi INE y una firma parecida a la mía.
—No se ha entregado un peso —aclaró—. El trámite está detenido porque faltaba verificarlo con usted.
Pedí el folio, presenté una objeción formal y actualicé mis medios de contacto. Ximena conocía mi contraseña de la aplicación familiar, pero eso no le daba derecho a disponer del dinero. La ejecutiva me recomendó conservar todos los avisos.