Cambié contraseñas y cancelé autorizaciones. El banco mantuvo detenida la operación. Una pericial encontró diferencias entre mi firma y la solicitud presentada. El Ministerio Público reunió las constancias médicas y escolares.
La carpeta permitió ubicar a otros afectados. Un viudo de Celaya declaró que pagó por un crédito inexistente. Una mujer de Querétaro presentó un contrato parecido al mío. Sus testimonios respaldaron la investigación.
Hubo citatorios, peritajes y meses de espera. El posible fraude y las agresiones a Emiliano siguieron procedimientos distintos. Yo desesperaba, pero Esteban me pedía paciencia.
Mi participación no terminó al presentar la denuncia. Cada semana revisaba los oficios, pedía copia de los acuerdos a los que tenía derecho y corregía datos equivocados. En un documento figuraba que Emiliano había faltado a clases «por decisión propia». Llevé los correos de la escuela y pedí que se asentara que Ximena había justificado las ausencias sin informarme. Parece un detalle pequeño, pero mi hijo había pasado años siendo descrito como un mentiroso. Esta vez no permitiría que una frase descuidada se convirtiera en la versión oficial de su vida.